En el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025, se ha desatado una controversia significativa en torno a la elegibilidad de 26 candidatos a cargos judiciales. Los legisladores Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña han presentado una impugnación formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que varios de estos aspirantes no cumplen con los requisitos éticos y legales necesarios para acceder a la función judicial. La denuncia ha puesto de relieve la importancia de la integridad y la reputación de quienes se postulan para impartir justicia en el país.
### Requisitos Éticos y Legales en la Candidatura Judicial
La impugnación presentada por Gutiérrez Luna y Noroña se basa en los artículos 95 y 97 de la Constitución, que establecen que los candidatos deben «gozar de buena reputación». Según el informe que acompaña la denuncia, 18 de los 26 candidatos están vinculados a investigaciones penales federales, lo que incluye delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Esta situación plantea serias dudas sobre la idoneidad de estos aspirantes, ya que su vinculación con el crimen organizado podría comprometer su imparcialidad y generar conflictos de interés.
Los legisladores han enfatizado que la elección por voto popular no exime a los candidatos de cumplir con los requisitos éticos y constitucionales. Gutiérrez Luna ha declarado que la idoneidad no es solo un asunto legal, sino un imperativo ético que busca proteger la legitimidad del Poder Judicial. En este sentido, la exigencia de una buena reputación se convierte en un pilar fundamental para garantizar la confianza pública en el sistema judicial.
Además de las acusaciones penales, la impugnación también señala que ocho de los candidatos no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura, que debe ser de al menos ocho puntos. Los promedios documentados oscilan entre 7.0 y 7.93, lo que, según los denunciantes, afecta directamente la idoneidad de los aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso electoral. Gutiérrez Luna ha subrayado que la exigencia académica no es un mero trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética que debe ser respetado para asegurar que quienes impartan justicia estén debidamente preparados.
### Identidad de los Candidatos Denunciados
Entre los candidatos denunciados se encuentran figuras relevantes del sistema judicial. Por ejemplo, Fernando Escamilla Villareal, Juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, ha sido señalado como abogado defensor de personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada. Otro caso notable es el de Jesús Humberto Padilla Briones, Juez Administrativo Federal del Estado de Nuevo León, quien supuestamente fue detenido por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
Diana Monserrat Partida, Juez de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, ha sido acusada de haber otorgado libertad indebida a imputados de delincuencia organizada. Francisco Herrera Franco, Juez de Distrito en Materia Penal del onceavo circuito, también enfrenta acusaciones de tener vínculos con integrantes del crimen organizado. Además, Francisco Martín Hernández Zaragoza, Magistrado del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, ha sido imputado por abuso sexual, mientras que Andrés Montoya Gancia, Magistrado Mixto de Tribunal Colegiado del Quinto circuito, está presuntamente involucrado en un caso de desaparición forzada de un periodista.
La gravedad de estas acusaciones ha llevado a Gutiérrez Luna y Noroña a solicitar al INE la cancelación de los registros de estas candidaturas. La integridad, imparcialidad y confianza pública en el sistema judicial son aspectos que los legisladores consideran esenciales para el correcto funcionamiento de la justicia en el país. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de selección de candidatos a cargos judiciales, asegurando que quienes ocupen estas posiciones sean personas de alta calidad ética y profesional.
La controversia en torno a estas candidaturas no solo refleja los desafíos que enfrenta el sistema judicial en México, sino que también subraya la importancia de mantener altos estándares de ética y profesionalismo en la administración de justicia. A medida que avanza el proceso electoral, será crucial observar cómo el INE y otras instituciones responden a estas denuncias y qué medidas se implementarán para garantizar la integridad del proceso judicial en el país.
