El Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León han solicitado incrementos significativos en sus presupuestos para el año 2026, en un contexto donde la seguridad y la justicia son temas prioritarios para la sociedad. Durante la reciente Mesa de Trabajo del Paquete Fiscal 2026, los líderes de estas instituciones expusieron sus necesidades ante los diputados, destacando la importancia de contar con recursos adecuados para mejorar sus operaciones y servicios.
**Requerimientos del Poder Judicial**
La presidenta del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Laura Perla Córdova, presentó una solicitud de 4,809 millones de pesos para el presupuesto del 2026, lo que representa un incremento del 37% respecto al presupuesto aprobado para el 2025. Córdova enfatizó que la mayor parte de estos recursos se destinarían al capital humano, que actualmente consume el 72% del presupuesto ejercido en 2025. Esto refleja la necesidad de contar con personal capacitado y suficiente para atender la carga de trabajo, que incluye más de 8,000 audiencias mensuales.
Uno de los puntos más destacados de su exposición fue la propuesta de crear nuevos módulos judiciales que permitan acercar el sistema de justicia a los ciudadanos, especialmente en áreas fuera del área metropolitana de Monterrey. Córdova mencionó que la falta de cobertura en ciertas regiones del estado es un problema que debe ser abordado de manera urgente. Para ello, se requieren 39 millones de pesos para la construcción del Palacio de Justicia de San Pedro, así como 236 millones para la creación de siete centros de convivencia y 24 millones para 11 módulos judiciales.
Además, se planteó la necesidad de invertir 200 millones de pesos en tecnología, incluyendo la implementación de Secretarios y Asistentes Virtuales. Esta inversión no solo busca modernizar el sistema judicial, sino también mejorar la eficiencia en la atención de los casos, sin que esto signifique reemplazar a los jueces o al personal judicial.
**Solicitudes de la Fiscalía General de Justicia**
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, representada por el fiscal Javier Flores, solicitó un presupuesto de 5,554 millones de pesos para el 2026, lo que implica un aumento del 12% en comparación con el presupuesto del año anterior. Flores destacó que uno de los principales objetivos de este incremento es la contratación de más personal, lo que es esencial para reducir la cifra delictiva en la región.
El fiscal también mencionó la importancia de la atención ciudadana y la cercanía con la comunidad para ganar su confianza. En este sentido, se están implementando proyectos de inteligencia artificial que, aunque buscan optimizar recursos, requieren una inversión significativa para su desarrollo y mantenimiento. El presupuesto solicitado se desglosa en 3,556 millones de pesos para nómina, 88 millones para un contrato con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), y 1,900 millones para gastos operativos, además de 730 millones destinados a proyectos específicos, como la defensa de la mujer y la capacitación profesional.
La fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, también hizo hincapié en la necesidad de descentralizar los servicios relacionados con delitos de género, lo que facilitaría el acceso a la justicia para las mujeres. Esta descentralización es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la respuesta institucional ante la violencia de género, que ha sido un tema crítico en la agenda pública.
**Desafíos y Oportunidades**
Ambas instituciones enfrentan desafíos significativos en su operación diaria, especialmente en un contexto donde la percepción de inseguridad es alta. La solicitud de recursos adicionales es un paso crucial para abordar estas necesidades, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno estatal para asignar los fondos necesarios en un entorno fiscal que puede ser restrictivo.
La discusión sobre el Paquete Fiscal 2026 es una oportunidad para que los legisladores evalúen las prioridades de gasto y consideren cómo pueden apoyar de manera efectiva a las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad en Nuevo León. La colaboración entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el gobierno estatal será fundamental para garantizar que se implementen las mejoras necesarias en el sistema de justicia, que no solo beneficien a las instituciones, sino también a la ciudadanía en general. La inversión en justicia y seguridad es, sin duda, una inversión en el futuro del estado y en la confianza de sus habitantes.
