La reciente aprobación de la Ley Federal de Derechos por parte de la Cámara de Diputados en México ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones económicas y sociales. Con 355 votos a favor y 132 en contra, esta legislación busca incrementar la recaudación fiscal del país, proyectando una cifra superior a 157 mil millones de pesos para el Paquete Económico 2026. Uno de los aspectos más destacados de esta ley es el aumento significativo en los costos que deberán afrontar tanto los visitantes extranjeros como los residentes temporales y permanentes en el país.
**Incrementos en Tarifas para Extranjeros**
La Ley Federal de Derechos establece un aumento considerable en las tarifas que deben pagar los extranjeros por acceder a museos, zonas arqueológicas y otros servicios públicos. Por ejemplo, el costo de entrada a sitios emblemáticos como Teotihuacán, Chichén Itzá y el Museo Nacional de Antropología se incrementará en algunos casos más del 100%. En la Categoría I, que incluye los sitios más populares, la tarifa pasará de 95.58 a 209.09 pesos, mientras que en la Categoría II, que abarca lugares como Malinalco y Dzibanché, el costo se duplicará de 78.71 a 156.75 pesos. Estos cambios no solo afectarán a los turistas internacionales, sino que también impactarán a los mexicanos que deseen explorar su patrimonio cultural.
Además, los costos para los residentes temporales también sufrirán un aumento significativo. Por ejemplo, el permiso para un año pasará de 5 mil 328 a 11 mil 740 pesos, y para los residentes permanentes, el cobro se elevará de 6 mil 494 a 13 mil 578 pesos. Este aumento en las tarifas ha suscitado críticas por parte de diversos sectores, quienes argumentan que estas medidas podrían desincentivar el turismo y afectar la economía local.
**Reacciones y Críticas a la Ley**
La aprobación de la Ley Federal de Derechos ha generado reacciones encontradas entre los legisladores y la sociedad civil. Desde el grupo parlamentario de Morena, la diputada Claudia Rivera defendió la ley argumentando que no se trata de recaudar más, sino de hacerlo de manera más eficiente y justa. Según ella, la ley busca garantizar que quienes utilizan los servicios públicos contribuyan de manera equitativa, asegurando que los más vulnerables no sean los más afectados por estos aumentos.
Sin embargo, la oposición ha expresado su preocupación por el impacto que estos aumentos tendrán en la población. La vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Noemí Luna, cuestionó la lógica detrás de los incrementos, señalando que, a pesar de los aumentos en tarifas, no se ha visto una mejora en la infraestructura o en los servicios públicos. Luna argumentó que los aumentos en los costos de trámites migratorios y servicios sanitarios no se justifican si no hay una inversión paralela en la mejora de la seguridad y la atención médica.
Por su parte, la legisladora del PRI, Ana Isabel González, criticó la ley al calificarla como un impuesto disfrazado que afectará desproporcionadamente a los más pobres. González enfatizó que, en lugar de ayudar a los ciudadanos, la ley podría agravar la situación económica de aquellos que ya enfrentan dificultades. Esta crítica se ve reforzada por el hecho de que muchos mexicanos también desean visitar estos sitios culturales, y los nuevos costos podrían limitar su acceso.
La discusión sobre la Ley Federal de Derechos refleja una tensión entre la necesidad de aumentar la recaudación fiscal y la responsabilidad de garantizar que los servicios públicos sean accesibles para todos. A medida que se implementen estos cambios, será crucial observar cómo afectan tanto al turismo como a la economía local, así como la respuesta de la ciudadanía ante estos nuevos costos.
En resumen, la Ley Federal de Derechos representa un cambio significativo en la política fiscal de México, con un enfoque particular en los costos que enfrentan los extranjeros y los residentes temporales y permanentes. A medida que el país se prepara para el Paquete Económico 2026, las implicaciones de esta ley seguirán siendo objeto de debate y análisis, tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.
