El gobierno mexicano ha decidido tomar medidas drásticas para combatir el robo de agua, conocido coloquialmente como «huachicoleo de agua». A través de una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, se busca endurecer las penas y sanciones para quienes hagan un uso indebido de este recurso vital. La propuesta incluye multas que pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos y penas de prisión de hasta 12 años para los infractores. Esta iniciativa se presenta en un contexto donde el acceso al agua se ha convertido en un tema crítico para la sociedad, y el gobierno busca garantizar su disponibilidad para todos los sectores.
La actual Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, no contempla penas de prisión para el robo de agua, limitándose a multas administrativas y otros mecanismos de control. Sin embargo, el nuevo anteproyecto de ley, que ya está disponible para su revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), propone un enfoque más severo. Se prevé el retiro de títulos de concesión y la imposición de sanciones más estrictas para aquellos que exploten volúmenes de agua mayores a los autorizados o que realicen extracciones en zonas vedadas sin el correspondiente permiso.
Además, la reforma incluye la tipificación de diversas infracciones penales relacionadas con el uso del agua, como la manipulación de equipos de medición para simular consumos menores, la corrupción en el otorgamiento de concesiones y el desvío de cauces. Estas acciones, que históricamente han afectado la disponibilidad del agua, serán sancionadas con multas que oscilan entre 29 mil 416 pesos y 5 millones 657 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
### Nuevas Sanciones y Tipificación de Infracciones
El anteproyecto de la Ley de Aguas Nacionales introduce por primera vez penas de prisión para quienes cometan delitos relacionados con el agua. Las sanciones varían según la naturaleza del delito: desde dos hasta 12 años de prisión para quienes trasladen aguas nacionales sin autorización, hasta un máximo de 12 años para servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de beneficios indebidos. Esta medida busca desincentivar la corrupción y el abuso en la gestión del recurso hídrico.
La reforma también contempla la clausura de obras y la revocación de concesiones para quienes quebranten la ley. En caso de reincidencia, las multas pueden triplicarse, y las sanciones pueden incluir la demolición de obras de aprovechamiento. La autoridad del agua, aunque no se especifica si se refiere a personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) o de seguridad, tendrá la facultad de aplicar sanciones severas en los casos más graves, incluyendo la pérdida de infraestructura utilizada en obras de aprovechamiento.
Este endurecimiento de las sanciones responde a la necesidad de proteger un recurso que es esencial para la vida y el desarrollo del país. La reforma busca no solo castigar a los infractores, sino también promover un uso responsable y sostenible del agua, reconociendo las buenas prácticas de quienes cumplen con las normativas establecidas.
### Responsabilidad Hídrica y Gestión Sostenible
Una de las innovaciones más significativas de la reforma es la introducción del concepto de «responsabilidad hídrica». Este término busca reconocer y premiar a aquellos concesionarios y asignatarios que demuestren un manejo adecuado del agua. Aquellos que cumplan con las normativas y gestionen el recurso de manera transparente podrán ver atenuadas las sanciones en caso de alguna infracción. Esta medida tiene como objetivo fomentar una cultura de responsabilidad en la gestión del agua, incentivando a los usuarios a adoptar prácticas sostenibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que el acceso al agua debe ser considerado un derecho humano y que su recuperación es fundamental para el desarrollo nacional. La reforma a la Ley de Aguas Nacionales es parte de un esfuerzo más amplio para devolver el agua como un recurso de la nación, evitando que se convierta en una mercancía entre privados. Se busca implementar esquemas transparentes que permitan a la Conagua realizar un ordenamiento adecuado del recurso, garantizando su disponibilidad para todos los ciudadanos.
La iniciativa de reforma fue anunciada el 1 de octubre y se espera que sea enviada al Congreso de la Unión para su consideración. Sin embargo, hasta el momento, la Cámara de Diputados no ha recibido oficialmente las iniciativas. La falta de acción legislativa en este sentido ha generado preocupación entre los ciudadanos y activistas que abogan por una gestión más responsable del agua.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un paso importante hacia la protección de un recurso que es cada vez más escaso y valioso. Con el endurecimiento de las penas y la introducción de nuevos conceptos como la responsabilidad hídrica, el gobierno busca no solo sancionar a los infractores, sino también promover un cambio cultural en la forma en que se gestiona el agua en el país. La implementación de estas medidas será crucial para garantizar que el acceso al agua sea un derecho para todos y no un privilegio para unos pocos.
