La corrupción en las aduanas de México ha tomado un giro alarmante, revelando una red compleja que permite el ingreso ilegal de combustibles, específicamente diesel, a través de buquetanques. Esta situación ha sido expuesta por investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que han puesto al descubierto cómo funcionarios en puertos estratégicos como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada han estado involucrados en la manipulación de muestras para encubrir el tráfico de huachicol fiscal.
### La Operación de Huachicol Fiscal en las Aduanas
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son los principales acusados de liderar esta red de corrupción, que ha estado operando con la complicidad de varios funcionarios de la Marina y verificadores aduanales. Según las investigaciones, estos funcionarios no solo ignoraban las irregularidades en la documentación de los buques, sino que también participaban activamente en la falsificación de muestras.
El modus operandi consistía en presentar frascos con diferentes sustancias que simulaban ser aceites o aditivos, cuando en realidad se trataba de diesel. Este engaño era posible gracias a la colaboración de un capitán de la Marina y varios verificadores, quienes tenían la responsabilidad de realizar inspecciones y muestreos de las mercancías que llegaban a los puertos. Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber, optaron por hacer la vista gorda a cambio de sobornos.
La FGR ha documentado que, al menos, un capitán y seis verificadores estaban involucrados en este esquema. Por ejemplo, el capitán Sergio Varela Morales, quien era el encargado de la vigilancia y control en la aduana de Tampico, es señalado de haber recibido sobornos por parte de un testigo colaborador, conocido como Santo. Este testigo reveló que entregó 50 mil pesos al capitán por cada uno de los 14 buques que arribaron al puerto entre abril de 2024 y enero de 2025.
La red de corrupción se extendía más allá de la aduana de Tampico. En Guaymas, Sonora, otros verificadores también están siendo investigados por su participación en el tráfico de huachicol fiscal. El buque Torm Agnes, que descargó 2 millones de litros de huachicol, es solo un ejemplo de cómo estas operaciones ilegales han sido facilitadas por la complicidad de los funcionarios aduanales.
### Implicaciones y Consecuencias de la Corrupción
Las implicaciones de esta red de huachicol fiscal son profundas y afectan no solo a la economía del país, sino también a la seguridad nacional. El ingreso ilegal de combustibles no solo evade impuestos, sino que también alimenta un mercado negro que puede estar vinculado a otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas.
La FGR ha señalado que los verificadores aduanales son los encargados de permitir el paso de hidrocarburos ilegales y que su complicidad refleja un nivel de planeación que es preocupante. La corrupción en las aduanas no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos al permitir que productos peligrosos ingresen al país sin el debido control.
Además, la situación ha llevado a un llamado a la acción por parte de las autoridades. La FGR ha iniciado procesos legales contra varios de los implicados, incluyendo a Perla Elizabeth Castro Sánchez, jefa del Departamento de Operaciones en la aduana de Tampico, quien es acusada de recibir sobornos y de manipular las muestras enviadas al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
La lucha contra el huachicol fiscal es un desafío que requiere un enfoque integral. Es fundamental que se implementen medidas más estrictas de supervisión y control en las aduanas, así como una mayor transparencia en los procesos de inspección. La colaboración entre diferentes agencias gubernamentales y la participación de la sociedad civil también son cruciales para erradicar este tipo de corrupción.
La situación actual en las aduanas de México es un recordatorio de que la corrupción puede tener consecuencias devastadoras. La exposición de esta red de huachicol fiscal es un paso importante hacia la rendición de cuentas, pero queda mucho por hacer para asegurar que tales prácticas no se repitan en el futuro. La integridad de las instituciones y la seguridad del país dependen de ello.
