El clima de tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado en los últimos días, especialmente tras el despliegue de buques estadounidenses en el mar Caribe. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado lo que califica como una «guerra no declarada» por parte de Estados Unidos, lo que ha llevado a la fiscalía venezolana a solicitar una investigación de la ONU sobre lo que consideran «crímenes de lesa humanidad». Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre y preocupación tanto en Venezuela como en la comunidad internacional.
**Despliegue Militar y Respuesta Venezolana**
Desde el 17 de septiembre, Venezuela ha comenzado a llevar a cabo ejercicios militares en la isla de La Orchila, ubicada a unos 65 kilómetros de la costa venezolana. Estos ejercicios, que se extenderán por 72 horas, han sido presentados como una respuesta directa al despliegue de ocho buques de guerra estadounidenses en la región. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha declarado que este despliegue representa una «amenaza militar» y ha enfatizado que se trata de una «guerra no declarada». Durante un balance de las maniobras, Padrino López afirmó que se han lanzado misiles de la clase C-802 y C-M90, así como cohetes, lo que indica una clara intención de mostrar fuerza ante la presencia militar estadounidense.
La retórica del gobierno venezolano ha sido intensa, con Padrino López insistiendo en que las acciones de Estados Unidos han resultado en la muerte de personas, tanto narcotraficantes como civiles, en el mar Caribe. Esta afirmación ha sido respaldada por el fiscal general, Tarek William Saab, quien ha pedido a la ONU que investigue los ataques a lanchas pesqueras que, según él, han sido injustificadamente atacadas por las fuerzas estadounidenses. Saab ha calificado estos actos como «crímenes de lesa humanidad», argumentando que el uso de misiles y armas nucleares contra embarcaciones civiles es inaceptable.
**La Perspectiva Internacional y el Llamado a la ONU**
La situación ha atraído la atención de la comunidad internacional, con el canciller venezolano, Yván Gil, haciendo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exijan medidas inmediatas contra las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe. Gil ha denunciado que los oficiales estadounidenses han reconocido que sus operaciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, lo que, según él, busca sembrar el terror entre la población venezolana.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Alexander Yánez, ha expuesto la postura del país en relación con la amenaza militar de Estados Unidos, subrayando la necesidad de que la comunidad internacional actúe para detener lo que considera una agresión injustificada. En este contexto, el dirigente opositor Henrique Capriles ha manifestado su postura «antiguerra», sugiriendo que la solución a la crisis no debe ser militar, sino política. Esta declaración resuena en un país que ha estado sumido en una profunda crisis económica y social, donde la guerra no es vista como una opción viable para resolver los problemas internos.
La escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, pero la reciente serie de eventos ha puesto de relieve la fragilidad de la situación en la región. La falta de relaciones diplomáticas entre ambos países desde 2019 ha exacerbado la desconfianza y la hostilidad, lo que complica aún más cualquier intento de diálogo o resolución pacífica.
A medida que la situación continúa desarrollándose, la comunidad internacional observa con atención, preocupada por las posibles repercusiones de un conflicto abierto en el Caribe. La historia reciente ha demostrado que las tensiones en esta región pueden tener consecuencias de gran alcance, no solo para los países directamente involucrados, sino también para la estabilidad de toda América Latina. Las acciones de Estados Unidos y la respuesta de Venezuela son un recordatorio de que la geopolítica en el Caribe sigue siendo un tema delicado y complejo, donde los intereses nacionales y las dinámicas de poder juegan un papel crucial en la determinación del futuro de la región.