En el contexto actual de México, el fenómeno del huachicol, que se refiere al robo y contrabando de combustibles, ha tomado un giro alarmante. Recientemente, se ha revelado que al menos seis empresas, que están bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con una trama de contrabando de hidrocarburos, han conseguido contratos millonarios con diversas dependencias del gobierno federal. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos de contratación pública en el país.
Las empresas involucradas no solo han sido señaladas por sus vínculos con actividades ilícitas, sino que también han mantenido relaciones comerciales con instituciones clave como la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La causa penal 325/2025, que ha derivado en órdenes de aprehensión contra varios individuos, incluidos altos mandos navales, ha puesto de manifiesto la complejidad de esta red de corrupción.
### Empresas Bajo la Lupa
Una de las compañías más destacadas en esta investigación es Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V. Esta empresa ha estado arriendo plataformas de perforación a Pemex durante más de una década. En el marco de la causa penal, se menciona que Constructora y Perforadora Latina forma parte de una red comercial que opera en conjunto con Galem Energy, una firma acusada de introducir combustibles en puertos mexicanos sin la documentación adecuada que acredite su origen. En 2022, esta compañía obtuvo un contrato por 57.6 millones de dólares para el arrendamiento de una plataforma de perforación marina, lo que pone en evidencia la magnitud de los contratos que han sido adjudicados a empresas bajo investigación.
Otra empresa que ha captado la atención es Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V., que ha mantenido un contrato con la UNAM para suministrar diesel marino al buque oceanográfico El Puma. Este acuerdo, que abarca desde junio de 2022 hasta junio de 2024, contempla un suministro de entre 400 mil y 900 mil litros de diesel, con un monto que oscila entre 12 y 27 millones de pesos. Sin embargo, su permiso de importación de hidrocarburos fue cancelado debido a incumplimientos a la Ley de Hidrocarburos, lo que genera dudas sobre su capacidad para seguir operando en el sector.
La empresa Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V. también está en el centro de la investigación. Esta firma ha sido autorizada para prestar servicios de recolección, transporte y disposición de desechos de hidrocarburos en puertos de Tabasco. Sin embargo, se le menciona en la causa penal por haber adquirido combustible de una red de empresas que utilizaban documentos falsos para ingresar hidrocarburos al país. Esta situación resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de autorización y contratación en el sector energético.
### Implicaciones para el Sector Energético
La situación actual plantea serias implicaciones para el sector energético en México. La relación entre empresas bajo investigación y dependencias gubernamentales sugiere que la corrupción podría estar profundamente arraigada en los procesos de contratación pública. Esto no solo afecta la confianza del público en las instituciones, sino que también pone en riesgo la seguridad energética del país.
La investigación de la FGR ha revelado que las empresas mencionadas han logrado contratos a pesar de sus vínculos con actividades ilícitas. Por ejemplo, Comercializadora de Combustible Gutasa S.A. de C.V. obtuvo una adjudicación directa de la Comisión Nacional del Agua para el suministro de diesel, a pesar de estar implicada en la red de huachicol. Esta situación plantea la pregunta de cómo se están llevando a cabo las evaluaciones de riesgo y las auditorías en el proceso de contratación pública.
Además, la empresa Ecocarburante S.A. de C.V. ha sido señalada por haber suministrado 27 millones de litros de diesel para la construcción del AIFA, lo que pone de relieve la conexión entre proyectos de infraestructura y empresas con antecedentes cuestionables. La falta de transparencia en la adjudicación de contratos puede llevar a un uso ineficiente de los recursos públicos y a un aumento en los costos de los proyectos.
La situación se complica aún más con la aparición de empresas como Energética Carvel S.A. de C.V., que ha sido contratada por el gobierno del estado de Chihuahua a pesar de operar con permisos de comercialización de petrolíferos caducados. Esto pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de autorización y contratación en el sector energético, así como de una mayor vigilancia por parte de las autoridades competentes.
La lucha contra el huachicol y la corrupción en el sector energético es un desafío que requiere un enfoque integral. Es fundamental que las autoridades implementen medidas más estrictas para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y que se realicen auditorías regulares para detectar irregularidades. Además, es crucial que se fortalezcan las capacidades de las instituciones encargadas de la supervisión y regulación del sector energético para prevenir la infiltración de redes de corrupción.
La situación actual es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en el sector energético. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza del público en las instituciones y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. Solo a través de un compromiso firme con la integridad y la legalidad se podrá enfrentar el desafío del huachicol y construir un futuro más sostenible para el sector energético en México.
