En un esfuerzo sin precedentes por combatir el huachicol fiscal en México, las autoridades han comenzado a solicitar más de 200 órdenes de aprehensión que se ejecutarán en los próximos días. Este operativo se dirige no solo a agentes aduanales, sino también a personal militar y empresarios, destacando la figura del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien está vinculado a una comercializadora implicada en un megadecomiso de combustible ilegal en Coahuila.
El 31 de marzo de 2025, el buque petrolero Challenge Procyon, con bandera de Singapur, fue interceptado al intentar ingresar 20 millones de litros de combustible ilegal a México. Este evento marcó un hito en la lucha contra el huachicol, un delito que ha crecido en complejidad y envergadura en los últimos años. Las órdenes de aprehensión comenzaron a interponerse desde el primer día de agosto de 2025, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías locales, ante jueces de todo el país.
### La Red de Corrupción en Aduanas
Las investigaciones han revelado que el huachicol fiscal se ha fortalecido gracias a la colusión entre funcionarios aduanales y criminales. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el modus operandi de estos grupos implica reportar el ingreso de aditivos y otros productos mediante mecanismos restringidos, mientras que en realidad se introducen millones de litros de combustible sin pagar impuestos. Este esquema ha permitido que buques y trenes ingresen a México a cambio de sobornos millonarios a los agentes aduanales.
El pasado 7 de julio, las autoridades llevaron a cabo el decomiso más grande de huachicol en Coahuila, con 15 millones de litros de combustible ilegal. Este operativo ha sido parte de una serie de acciones que han llevado a la detención de 14 personas vinculadas al contrabando de combustible, incluyendo tres empresarios y cinco marinos en activo. La captura del vicealmirante Manuel Farías Laguna, implicado en el contrabando, ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente por parte del gobierno.
Las órdenes de aprehensión no solo se centran en individuos, sino que también se extenderán a personas morales involucradas en el huachicol fiscal. La empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel es socio mayoritario, ha sido señalada como una de las entidades clave en este entramado. Fundada en 2018, la empresa cambió su objeto social para entrar en el mercado de hidrocarburos, lo que ha generado sospechas sobre su participación en actividades ilícitas.
### La Respuesta del Gobierno y el Futuro del Huachicol
El gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos para erradicar el huachicol fiscal, implementando operativos en al menos seis aduanas del norte del país. Estos puntos de control, apoyados por la Guardia Nacional, han sido establecidos de manera aleatoria en lugares estratégicos como Matamoros, Reynosa, Nogales, Sonoyta, Mexicali y Tijuana. Desde enero hasta marzo de 2025, se registró la entrada de 10 buques tanque al puerto de Tampico, lo que ha despertado la atención de las autoridades sobre el tráfico de combustible ilegal.
Las cifras son alarmantes: entre el 8 de mayo de 2015 y el 20 de junio de 2024, la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) admitió 983 solicitudes de permisos de comercialización de hidrocarburos, de las cuales solo el 40% logró acceder al mercado. Esto indica que la regulación en el sector ha sido insuficiente para frenar la corrupción y el tráfico de combustible.
La FGR ha comenzado a ampliar su enfoque, no solo investigando a los agentes aduanales, sino también a las empresas importadoras y distribuidoras que facilitan el huachicol. La colaboración entre estas entidades y el crimen organizado es fundamental para el funcionamiento de esta red, lo que ha llevado a las autoridades a considerar un enfoque más integral en su lucha contra el huachicol.
A medida que se desarrollan estos operativos y se ejecutan las órdenes de aprehensión, el futuro del huachicol en México se presenta incierto. La presión sobre los involucrados en este delito está aumentando, y la respuesta del gobierno podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, la efectividad de estas acciones dependerá de la voluntad política y de la capacidad de las autoridades para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y sanciones efectivas contra los culpables.
