En México, el crimen organizado ha extendido su influencia a diversos sectores de la economía, afectando especialmente los precios de productos básicos en al menos diez estados del país. Desde alimentos de la canasta básica hasta útiles escolares, las bandas delictivas han encontrado en la extorsión y el control de precios una forma de obtener ganancias ilícitas, lo que ha generado un clima de miedo y desesperación entre los comerciantes y consumidores.
La situación es alarmante, ya que las células delictivas no solo controlan los precios, sino que también imponen condiciones a los comerciantes, obligándolos a comprar mercancía robada o a pagar cuotas por el derecho a operar. Este fenómeno se ha vuelto común en estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco, donde los testimonios de los afectados revelan un panorama desolador.
### La Extorsión como Estrategia de Control
Los testimonios de los pobladores y comerciantes en estas regiones son claros: el crimen organizado ha implementado una estrategia de extorsión que afecta directamente los precios de los productos. En Michoacán, por ejemplo, los campesinos de Tierra Caliente han denunciado que grupos como Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), controlan la distribución de productos como refrescos, cerveza y abarrotes. Esto significa que los comerciantes deben comprar a precios inflados, lo que repercute en el costo final para el consumidor.
Los precios de productos básicos como el arroz y la carne han aumentado considerablemente. Un kilo de arroz que debería costar 20 pesos se vende a 25 pesos, mientras que la carne, que debería costar 200 pesos, se vende entre 230 y 240 pesos. Esta situación se agrava en localidades como Apatzingán y Aguililla, donde la presencia del crimen organizado es más fuerte y las condiciones de venta son aún más restrictivas.
Los comerciantes también enfrentan la amenaza de represalias si no cumplen con las exigencias de las bandas delictivas. Muchos se ven obligados a pagar cuotas por el derecho a operar y a comprar productos en bodegas controladas por los delincuentes. Este ciclo de extorsión no solo afecta a los comerciantes, sino que también impacta a los consumidores, quienes deben pagar precios más altos por productos básicos.
### La Red de Comercios Ilegales
Además del control de precios, el crimen organizado ha desarrollado una red de comercios ilegales que facilita la distribución de productos robados. En algunas regiones, los delincuentes no solo imponen precios, sino que también establecen sus propios puntos de venta, donde los productos se venden a precios que benefician a las bandas delictivas. Esto ha llevado a la creación de un mercado paralelo que opera al margen de la ley y que afecta la economía local.
En Guerrero, por ejemplo, grupos como Los Granados y Los Ardillos han establecido un control férreo sobre la distribución de productos de la canasta básica y la cerveza. Los comerciantes deben lidiar con la extorsión y la amenaza constante de violencia, lo que les impide operar con normalidad. La situación es tan grave que muchos empresarios y artesanos han optado por permanecer en la clandestinidad, intentando evitar el contacto con las bandas delictivas.
En Tamaulipas, la situación es similar. Los lugareños han reportado que solo pueden comprar a ciertos proveedores de carne y otros productos, ya que el crimen organizado controla la venta. Esto no solo afecta a los comerciantes, sino que también limita las opciones de los consumidores, quienes se ven obligados a aceptar precios más altos y una calidad inferior en los productos que adquieren.
### La Respuesta del Gobierno y la Comunidad
A pesar de la gravedad de la situación, muchos habitantes sienten que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el crimen organizado y proteger a los comerciantes y consumidores. Las denuncias de extorsión y control de precios a menudo quedan sin respuesta, lo que alimenta la sensación de impunidad entre las bandas delictivas.
Los habitantes de las regiones más afectadas han solicitado la intervención del gobierno federal, pero muchos temen represalias si se atreven a denunciar. La falta de acción por parte de las autoridades ha llevado a un aumento en la desesperación y el miedo entre los comerciantes, quienes se ven obligados a operar en un entorno hostil.
La extorsión y el control de precios se han convertido en un problema consolidado en el país, que ha crecido desde 2013, cuando se intensificó el combate al crimen organizado. Las grandes organizaciones delictivas se han fragmentado en grupos más pequeños, que ahora se dedican a la extorsión y al control de mercados locales. Este cambio en la dinámica del crimen organizado ha llevado a un aumento en la violencia y la inseguridad, afectando a miles de familias en todo el país.
### La Realidad de los Productores y Comerciantes
Los productores y comerciantes en regiones como la Comarca Lagunera, que abarca partes de Durango y Coahuila, han expresado su frustración ante la creciente ola de extorsiones. Muchos han visto cómo sus negocios se ven asfixiados por los cobros de piso y las amenazas de violencia. La situación es tan grave que algunos han optado por cerrar sus negocios, mientras que otros luchan por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil.
En Oaxaca, la extorsión también ha afectado a los empresarios y comerciantes, quienes enfrentan no solo el cobro de piso, sino también prácticas de préstamos abusivos. Los productores de mango en la región del Istmo de Tehuantepec han denunciado amenazas por parte de delincuentes que les exigen vender a precios por debajo del mercado, lo que pone en riesgo su sustento.
La situación en Guanajuato y Morelos es igualmente preocupante, donde los comerciantes han reportado que más de la mitad de ellos paga el derecho de piso. En Cuernavaca, los concesionarios de transporte han considerado suspender sus servicios debido a las amenazas de extorsión, lo que podría afectar gravemente la movilidad de los ciudadanos.
La realidad es que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en todos los niveles de la economía, afectando no solo a los comerciantes, sino también a los consumidores que se ven obligados a pagar precios más altos por productos básicos. La falta de acción efectiva por parte del gobierno y la creciente impunidad de las bandas delictivas han creado un ciclo vicioso que parece difícil de romper.
